La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales reconocen la igualdad entre hombres y mujeres. Esta igualdad de género significa que mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Una herramienta para lograr dicha meta es la perspectiva de género, entendida como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, tal y como lo define la Ley General para La Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La aplicación transversal de este principio constitucional, así como la metodología que deriva del mismo, en el diseño, aplicación y seguimiento de acciones y políticas públicas es una garantía institucional para la efectividad plena de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.