Garantizar derechos de la niñez frente a la pandemia COVID-19

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la catedrática e investigadora del CONACYT, Saraí Miranda Juárez, alertó sobre la obligación que tienen las autoridades para garantizar los derechos básicos de la niñez que se verá obligada a trabajar y subsistir ante los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

En su ponencia virtual titulada “Trabajo Infantil en México, Ante y Post COVID-19”, que organizó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, explicó que la contingencia sanitaria aumentará el desempleo, disminuirá los ingresos familiares e incrementará los niveles de pobreza y el trabajo infantil.

Ante ello, es necesario establecer mecanismos de protección y fortalecer los programas sociales; garantizar los derechos de la niñez que labora; replantear las políticas de cero tolerancia y prácticas violentas hacia la niñez en estas condiciones, y en especial, prevenir y erradicar la estigmatización, discriminación y violencia contra este grupo vulnerable.

Miranda Juárez refirió que existen condiciones estructurales como la pobreza, falta de acceso a la educación, movilidad y migración del sur al norte, entre otras, que son factores que detonan el trabajo infantil. A ello, se agrega ahora, las consecuencias económicas y sociales del COVID-19.

Dentro de la exposición se refirió a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que tiene un apartado en donde se indica que la Tasa de Trabajo Infantil es del 11 por ciento en el país.
Entre los principales indicadores de este grupo de la población están que un 34 por ciento trabajan en el campo; el 39 por ciento no recibe remuneración por su trabajo; el 51 por ciento no ha recibido un apoyo de los programas oficiales y casi el 40 por ciento aportan sus ingresos al hogar.

Agregó que persiste una discriminación hacia las mujeres en sus ingresos; que los grupos más vulnerables son los que trabajan en el sector agrícola, el trabajo doméstico y el sector informal de la economía.

También dijo que el 47.8 por ciento de la población entre 5 y 17 años está en condición de pobreza, lo que representa una barrera que impide el ejercicio de sus derechos fundamentales como a la alimentación o a la educación.

Antes de concluir su exposición, refirió que la Organización Internacional del Trabajo también considera como peligroso el hecho de practicar la informalidad laboral en la que los menores de edad están involucrados como acompañantes o trabajadores complementarios en comercio ambulante y esto los expone a la criminalización.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, resaltó la importancia de exponer y atender las consecuencias que tendrá para la población infantil en el ámbito laboral la pandemia del COVID-19 e incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas de atención al fenómeno.

Dentro del ciclo de video conferencias también se contó con la participación del doctor Esteban Pérez Alonso de la Universidad de Granada, España con su plática sobre: “El Trabajo Infantil en el Contexto Nacional e Internacional del COVID-19: De Nuevo, Otra Situación para la Explotación Laboral Infantil”.