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Participa PDHEG en Foro de Consulta sobre Iniciativa de Reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad
León, Gto.
lunes 19 de octubre
[19/10/2020]
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato participó en el Foro de Consulta sobre la Iniciativa de Reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad.
El organismo realizó sus aportaciones desde la perspectiva de derechos humanos a través de la participación en el foro del Secretario General, Luis Alberto Estrella Ortega.
Este foro fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupo Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato, que preside la diputada Claudia Silva Campos y que se integra por las legisladoras Katya Cristina Soto Escamilla, Laura Cristina Márquez Alcalá, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante.
La reforma a los artículos 31 y 32 fracciones II y V y adición del artículo 31 Bis a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, fue formulada por el diputado Juan Elías Chávez.
El objetivo es la inclusión de ajuste razonable mínimo indispensable para garantizar la inclusión y accesibilidad de la generalidad de las personas, en concreto de las personas con talla baja en espacios públicos.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, son instrumentos jurídicos de notoria relevancia en el marco general de los derechos humanos, ya que tienen como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Además los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención Internacional.
En relación al marco jurídico de los derechos humanos de personas con discapacidad, existe una obligación general para los Estados de contar en lo diseños de infraestructuras bienes, servicios, equipo, instalaciones, productos y entornos con un diseño universal que permita la accesibilidad a la mayor cantidad de personas posibles.
En este marco también se hace énfasis en los ajustes razonables que deben ser entendidos como modificaciones o adaptaciones de corte individual, aún cuando ya exista un diseño universal, con lo cual un ajuste de esta naturaleza lo que hace es adaptar de forma individualizada un medio en concreto a una persona en particular.
Las observaciones a esta iniciativa fueron planteadas por el Secretario General del organismo, Estrella Ortega, durante el foro en el que participaron legisladores, representantes de dependencias estatales y municipales junto con expertos en la materia y representantes de la sociedad civil organizada.
Subrayó la existencia de una obligación general de contar con un diseño universal que sea accesible a todas las personas, sobre el cual, por ejemplo en el ámbito laboral y/o educativo deberán adoptarse los ajustes razonables individualizados sobre las personas que ahí laboren o estudien y soliciten dicho ajuste individualizado a sus necesidades particulares.
Lo anterior, permitiría garantizar la inclusión y accesibilidad de la generalidad de las personas de talla baja en espacios públicos, conforme al marco de derechos humanos.
El organismo realizó sus aportaciones desde la perspectiva de derechos humanos a través de la participación en el foro del Secretario General, Luis Alberto Estrella Ortega.
Este foro fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupo Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato, que preside la diputada Claudia Silva Campos y que se integra por las legisladoras Katya Cristina Soto Escamilla, Laura Cristina Márquez Alcalá, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante.
La reforma a los artículos 31 y 32 fracciones II y V y adición del artículo 31 Bis a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, fue formulada por el diputado Juan Elías Chávez.
El objetivo es la inclusión de ajuste razonable mínimo indispensable para garantizar la inclusión y accesibilidad de la generalidad de las personas, en concreto de las personas con talla baja en espacios públicos.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, son instrumentos jurídicos de notoria relevancia en el marco general de los derechos humanos, ya que tienen como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Además los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención Internacional.
En relación al marco jurídico de los derechos humanos de personas con discapacidad, existe una obligación general para los Estados de contar en lo diseños de infraestructuras bienes, servicios, equipo, instalaciones, productos y entornos con un diseño universal que permita la accesibilidad a la mayor cantidad de personas posibles.
En este marco también se hace énfasis en los ajustes razonables que deben ser entendidos como modificaciones o adaptaciones de corte individual, aún cuando ya exista un diseño universal, con lo cual un ajuste de esta naturaleza lo que hace es adaptar de forma individualizada un medio en concreto a una persona en particular.
Las observaciones a esta iniciativa fueron planteadas por el Secretario General del organismo, Estrella Ortega, durante el foro en el que participaron legisladores, representantes de dependencias estatales y municipales junto con expertos en la materia y representantes de la sociedad civil organizada.
Subrayó la existencia de una obligación general de contar con un diseño universal que sea accesible a todas las personas, sobre el cual, por ejemplo en el ámbito laboral y/o educativo deberán adoptarse los ajustes razonables individualizados sobre las personas que ahí laboren o estudien y soliciten dicho ajuste individualizado a sus necesidades particulares.
Lo anterior, permitiría garantizar la inclusión y accesibilidad de la generalidad de las personas de talla baja en espacios públicos, conforme al marco de derechos humanos.
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