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Aplican 525 medidas disciplinarias a servidores que incurrieron en violaciones a derechos humanos
León, Gto.
lunes 11 de mayo
[11/05/2020]
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reportó en el Informe Anual de Actividades 2019, que durante la gestión del Ombudsperson José Raúl Montero de Alba, las dependencias estatales y municipales han aplicado 525 medidas disciplinarias a servidores públicos que se les acreditó una violación a la dignidad de las personas, por acción u omisión en sus responsabilidades.
Tan solo en el último año, las medidas que se efectuaron consistieron en 82 amonestaciones; 13 apercibimientos, 18 arrestos, 98 bajas; 13 ceses de funciones; 2 llamadas de atención; 5 multas; 9 notas malas en hojas de servicio; 3 remociones; 3 sanciones económicas; 3 separaciones del cargo; 90 suspensiones, 2 más clasificados como otros.
Las dependencias en las que se realizaron mayor número de sanciones corresponden a las de Seguridad Pública de los municipios donde se aplicaron 304, es decir un 89.15% del total; en la Secretaría de Educación hubo 16 casos; en la Fiscalía General 13, en Direcciones Municipales se dieron 7 y en la Secretaría de Gobierno se llevó a cabo un proceso.
De acuerdo a la normativa, cuando la resolución de la queja implica una sanción de esta naturaleza, la Procuraduría se dirige al superior jerárquico del servidor público infractor, a fin de darle a conocer las irregularidades detectadas en la cual podrá proponer cambios en los procedimientos administrativos que contribuyan a evitar en lo sucesivo actos como los reclamados en la queja o denuncia y en todo caso solicitar la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que conforme a las leyes en la materia correspondan.
A través de este tipo de mecanismos se fortalece la no repetición de faltas y se garantiza el respeto a la dignidad de las personas. En 2019, 30 funcionarios estatales y 311 municipales recibieron una sanción de este tipo tras acreditarse su participación en algún hecho de abuso u omisión de funciones.
Sin embargo, esto no implica que el Órgano de Control Interno inicie y resuelva libremente el procedimiento administrativo correspondiente a fin de concluir con objetividad sobre la existencia o no de responsabilidad alguna.
Por otra parte, del total de recomendaciones que han sido señaladas a las autoridades durante esta gestión, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 84 por ciento, el resto está en proceso de atención. En el último año, se emitieron 376 mimas que fueron aceptadas en un 100 por ciento de acuerdo con el reporte del organismo público de derechos humanos.
La Constitución establece en su artículo primero que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y también se deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos. Además está prohibida la discriminación en cualquier forma que atente contra la dignidad humana.
Tan solo en el último año, las medidas que se efectuaron consistieron en 82 amonestaciones; 13 apercibimientos, 18 arrestos, 98 bajas; 13 ceses de funciones; 2 llamadas de atención; 5 multas; 9 notas malas en hojas de servicio; 3 remociones; 3 sanciones económicas; 3 separaciones del cargo; 90 suspensiones, 2 más clasificados como otros.
Las dependencias en las que se realizaron mayor número de sanciones corresponden a las de Seguridad Pública de los municipios donde se aplicaron 304, es decir un 89.15% del total; en la Secretaría de Educación hubo 16 casos; en la Fiscalía General 13, en Direcciones Municipales se dieron 7 y en la Secretaría de Gobierno se llevó a cabo un proceso.
De acuerdo a la normativa, cuando la resolución de la queja implica una sanción de esta naturaleza, la Procuraduría se dirige al superior jerárquico del servidor público infractor, a fin de darle a conocer las irregularidades detectadas en la cual podrá proponer cambios en los procedimientos administrativos que contribuyan a evitar en lo sucesivo actos como los reclamados en la queja o denuncia y en todo caso solicitar la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que conforme a las leyes en la materia correspondan.
A través de este tipo de mecanismos se fortalece la no repetición de faltas y se garantiza el respeto a la dignidad de las personas. En 2019, 30 funcionarios estatales y 311 municipales recibieron una sanción de este tipo tras acreditarse su participación en algún hecho de abuso u omisión de funciones.
Sin embargo, esto no implica que el Órgano de Control Interno inicie y resuelva libremente el procedimiento administrativo correspondiente a fin de concluir con objetividad sobre la existencia o no de responsabilidad alguna.
Por otra parte, del total de recomendaciones que han sido señaladas a las autoridades durante esta gestión, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 84 por ciento, el resto está en proceso de atención. En el último año, se emitieron 376 mimas que fueron aceptadas en un 100 por ciento de acuerdo con el reporte del organismo público de derechos humanos.
La Constitución establece en su artículo primero que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y también se deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos. Además está prohibida la discriminación en cualquier forma que atente contra la dignidad humana.
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