El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado, resaltó el papel que tienen los organismos públicos de derechos humanos para contribuir a la garantía de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Destacó que México cuenta con uno de los sistemas más robustos en la materia pues hay presencia institucional en las 32 entidades federativas y estos organismos son aliados estratégicos para llevar a cabo las acciones que emanan desde los objetivos internacionales.
Puntualizó que la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo y en un escenario en el que la característica principal ha sido la incertidumbre, el rol de las instituciones locales de derechos humanos ha sido relevante, pues entre otras funciones han facilitado los accesos para la recepción de quejas, han emitido declaraciones y han instado a los gobiernos a atender a los grupos de personas en condición de vulnerabilidad.
“Su labor ha sido esencial en el monitoreo de la garantía del acceso a la salud que no siempre está en un lugar destacado en la agenda de derechos humanos, su seguimiento a los centros e instituciones de salud y la situación del personal del sector, la disponibilidad de los medicamentos, todo esto ha sido muy relevante” expuso.
La declaración la hizo durante la inauguración del Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el Contexto por COVID-19”, realizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de la cual forma parte la PDHEG.
La Presidenta de la FMOPDH, Nashieli Ramírez Hernández enlistó una serie de retos que se deben afrontar para atender las funciones que mandata la constitución, al tiempo que se protegen los equipos de trabajo.
Entre ellas recalcó el favorecer la mediación como justicia restaurativa entre gobernantes y gobernados, atender el impacto que ha tenido la pandemia en función con grupos de atención prioritaria y asegurar la autonomía entre sus diversas expresiones incluyendo la presupuestal para lo cual se debe actuar responsable, honesta y transparentemente.
También estuvo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien alentó a avanzar en la construcción de una agenda conjunta en el contexto de la nueva normalidad, en la que se busquen mecanismos novedosos y ágiles de articulación entre el gobierno federal y los organismos locales de derechos humanos.
La Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló la importancia de establecer acciones conjuntas con la Federación para hacer frente a escenarios complejos que han quedado al descubierto tras la pandemia.
Refirió que al adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se hablaba solamente de algunos derechos pero las sociedades ha evolucionado y grupos que no eran tomados en cuenta han hecho reclamos que deben ser atendidos por todas las instituciones.
Así mismo, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, dijo que solo trabajando de manera coordinada y con objetivos claros se podrá hacer frente a la emergencia mundial.
Durante el Congreso se firmaron tres convenios de colaboración entre la FMOPDH con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Además se llevaron a cabo una serie de conferencias en las que especialistas internacionales abordaron el panorama general de la situación e impactos de COVID-19 en México, así como los retos y propuestas en materia de derechos humanos para grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes y migrantes.