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Aperturan curso sobre desaparición forzada
León, Gto.
miércoles 28 de octubre
[28/10/2020]
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició un curso de formación sobre “Desaparición Forzada”, en el que se estudiarán referencias conceptuales y el marco legal aplicable en México.
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, señalo la importancia de especializarse en un tema tan importante que aqueja a la sociedad y que demanda atención de todos los sectores para brindar mayor protección a las víctimas y un efectivo acceso a la justicia.
“Estamos hablando de una grave violación a los derechos humanos, misma que por su lesividad ha sido considerada como una afrenta no solo a quien la recibe o a sus familiares, sino a toda la humanidad. Es tal el daño que causa que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad” detalló.
Señaló que frente a este fenómeno se comenzaron a adoptar esfuerzos internacionales que tienen el objetivo de definir la desaparición y regular un conjunto de estándares generales para la prevención, sanción y reparación de este crimen.
A nivel nacional, existe desde noviembre del 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Y en la entidad se publicó el 3 de junio del 2020 la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y se instaló la Comisión Estatal en la materia, los cuales servirán como insumos que coadyuvarán en la construcción colectiva del derecho a saber.
El primer módulo del programa educativo estuvo a cargo de la especialista en el tema y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana; Roxana Rosas Fregoso quien abordó los antecedentes y referencias conceptuales sobre desaparición forzada.
En otros bloques se estudiará el marco jurídico nacional e internacional, se analizarán algunos casos y se expondrá sobre el acceso a la justicia de las víctimas.
Entre los participantes a este curso se cuentan representantes de organismos públicos de derechos humanos de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato; así como de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, señalo la importancia de especializarse en un tema tan importante que aqueja a la sociedad y que demanda atención de todos los sectores para brindar mayor protección a las víctimas y un efectivo acceso a la justicia.
“Estamos hablando de una grave violación a los derechos humanos, misma que por su lesividad ha sido considerada como una afrenta no solo a quien la recibe o a sus familiares, sino a toda la humanidad. Es tal el daño que causa que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad” detalló.
Señaló que frente a este fenómeno se comenzaron a adoptar esfuerzos internacionales que tienen el objetivo de definir la desaparición y regular un conjunto de estándares generales para la prevención, sanción y reparación de este crimen.
A nivel nacional, existe desde noviembre del 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Y en la entidad se publicó el 3 de junio del 2020 la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y se instaló la Comisión Estatal en la materia, los cuales servirán como insumos que coadyuvarán en la construcción colectiva del derecho a saber.
El primer módulo del programa educativo estuvo a cargo de la especialista en el tema y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana; Roxana Rosas Fregoso quien abordó los antecedentes y referencias conceptuales sobre desaparición forzada.
En otros bloques se estudiará el marco jurídico nacional e internacional, se analizarán algunos casos y se expondrá sobre el acceso a la justicia de las víctimas.
Entre los participantes a este curso se cuentan representantes de organismos públicos de derechos humanos de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato; así como de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
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