Las autoridades estatales y municipales deben observar los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos en el marco de la contingencia sanitaria del Covid-19 para evitar vulnerar la dignidad de las personas.
El Ombudsperson José Raúl Montero de Alba, presentó un informe sobre las principales acciones desarrolladas en torno a la pandemia y que tienen como propósito que se garantice el respeto y protección desde la perspectiva de los derechos humanos.
Lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en donde se explicaron las posibles prácticas que pudieran ser contrarias al mandato constitucional y los tratados internacionales de los que México forma parte.
El organismo ha monitoreado el respeto a los derechos a la protección a la salud de la población, el derecho a la salud de personas privadas de su libertad, acceso al agua y saneamiento, derecho a la salud y asistencia social de grupos en condición de vulnerabilidad y derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Además el derecho de protección a la salud de personas con discapacidad, acciones municipales de prevención frente al posible contagio del Covid-19 y protección del personal del sector salud.
La PDHEG ha solicitado a las autoridades municipales y estatales que cumplan con el respeto de estos derechos y libertades.
Por otra parte, se ha exhortado a los municipios que anunciaron medidas de atención y contención de tipo administrativo a evitar acciones desproporcionadas que incurran en violación de la dignidad de las personas.
Esta sesión se realizó a través de una plataforma tecnológica que permitiera la atención a las recomendaciones del sector salud en el marco de la contingencia sanitaria del Covid-19.
En el orden del día también se informó sobre la ratificación que realizó el Congreso del Estado por un segundo periodo de tres años a la ciudadana Hilda Elena Díaz Covarrubias y al ciudadano Salvador Gallegos Ramírez, como consejera y consejero, respectivamente, ante el Consejo Consultivo del organismo.
PRESENTAN RESULTADOS DEL XXVI INFORME DE ACTIVIDADES
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, rindió de manera detallada los principales resultados del XXVI Informe de Actividades del organismo ante los consejeros.
Entre los principales resultados subrayó el inició de mil 188 Expedientes de Queja y la emisión de 376 Recomendaciones durante el ejercicio 2019, siendo éstas últimas aceptadas en un 100 por ciento, hecho sin precedente en la historia de la institución.
De igual manera se destacaron 35 Recomendaciones hechas a autoridades de tres municipios por casos de Desaparición Forzada.
Además 525 servidores públicos recibieron medidas disciplinarias derivadas de las Recomendaciones de la PDHEG por haber cometido violaciones a los derechos humanos de las personas.
En este mismo periodo, se capacitaron 148 mil 941 personas en temas relacionados con esta materia y 75 mil 465 en fortalecimiento de la paz escolar, entre estudiantes, maestros, directivos y padres de familia.
Además se otorgaron 6 mil 393 asesorías legales y mil 148 asesorías psicológicas a víctimas, lo que se suma a las 7 mil 700 personas atendidas a través del Ombudsmóvil en los 46 municipios del territorio estatal.
En la sesión participaron las y los consejeros Hilda Elena Díaz Covarrubias; Laura Martínez Aldana; Adriana María Cortés Jiménez; Salvador Gallegos Ramírez; J. Jesús Badillo Lara y Eduardo Bravo Reynoso.
Por parte del organismo participaron en la reunión virtual, el Secretario General, Luis Alberto Estrella; la Coordinadora del Área de Niñas, Niños y Adolescentes, Liz Esparza y el Coordinador de Promoción, Francisco Manuel Aguilar.
PRESENTAN RESULTADOS RELAF 2020
Finalmente, Montero de Alba presentó al Consejo los resultados del Seminario Internacional Relaf 2020 “Poniendo Fin al Encierro de Niñas, Niños, y Adolescentes. México en el Contexto Internacional”, que se realizó el 11 y 12 de marzo de este año, en la capital del Estado.
En esta iniciativa participaron la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, Unicef, DIF estatal y la PDHEG, junto con alrededor de mil 100 personas, de 13 países iberoamericanos, en la búsqueda de estrategias para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.