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Atiende PDHEG 6 mil 396 personas que acuden en busca de ser asesorados
León, Gto.
martes 14 de abril
[14/04/2020]
Una de las tareas fundamentales que atiende la oficina del Ombudsperson guanajuatense es brindar asesorías jurídicas, trámites y gestiones a la población que ve en la institución un organismo confiable que le ayudará a resolver la problemática que le aqueja.
Es así que durante el año 2019 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato atendió a 6 mil 396 personas que se acercaron a alguna de las cinco subprocuradurías regionales o a través del servicio telefónico para exponer sus casos.
Además, por primera vez fue posible atender con este servicio a 225 ciudadanos que sin necesidad de salir de sus comunidades recibieron asesorías profesionales mediante la unidad móvil de la PDHEG que visito cada uno de los 46 municipios del estado.
La atención brindada en 2019 tuvo un incremento del 12 por ciento comparado con el número de casos atendidos el año inmediato anterior cuando se recibió a 5 mil 707 personas.
El número más alto de atenciones se recibe en las oficinas de León, seguidas de Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Acámbaro.
Del total de personas atenidas 3 mil 033 corresponden a solicitudes formuladas por mujeres y 1 mil 164 de los destinatarios fueron personas migrantes, con discapacidad, con VIH, indígenas, adultos mayores, niñas niños y adolescentes y personas privadas de su libertad.
Las principales causas que buscan orientación son conflictos entre particulares, laborales, con familiares, situaciones en centros de readaptación social, escolares, migración, violencia intrafamiliar, divorcio, incumplimiento de obligaciones familiares y farmacodependencia.
Es decir son casos que comprende principalmente ayuda con motivo a un procedimiento legal ya sea civil, penal, administrativo, fiscal, mercantil, agrario, etcétera, en estos casos se canaliza a la persona a la institución u organismo correspondiente.
Una vez que las personas exponen sus necesidades el personal de la Procuraduría está en condiciones de saber si el caso procede a iniciar un procedimiento de queja en contra de actos de autoridad, o la situación no resulta consultiva de violación a derechos humanos; en este supuesto se interviene para ayudar a las personas mediante gestiones entre instituciones o canalizaciones precisas.
Es así que durante el año 2019 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato atendió a 6 mil 396 personas que se acercaron a alguna de las cinco subprocuradurías regionales o a través del servicio telefónico para exponer sus casos.
Además, por primera vez fue posible atender con este servicio a 225 ciudadanos que sin necesidad de salir de sus comunidades recibieron asesorías profesionales mediante la unidad móvil de la PDHEG que visito cada uno de los 46 municipios del estado.
La atención brindada en 2019 tuvo un incremento del 12 por ciento comparado con el número de casos atendidos el año inmediato anterior cuando se recibió a 5 mil 707 personas.
El número más alto de atenciones se recibe en las oficinas de León, seguidas de Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Acámbaro.
Del total de personas atenidas 3 mil 033 corresponden a solicitudes formuladas por mujeres y 1 mil 164 de los destinatarios fueron personas migrantes, con discapacidad, con VIH, indígenas, adultos mayores, niñas niños y adolescentes y personas privadas de su libertad.
Las principales causas que buscan orientación son conflictos entre particulares, laborales, con familiares, situaciones en centros de readaptación social, escolares, migración, violencia intrafamiliar, divorcio, incumplimiento de obligaciones familiares y farmacodependencia.
Es decir son casos que comprende principalmente ayuda con motivo a un procedimiento legal ya sea civil, penal, administrativo, fiscal, mercantil, agrario, etcétera, en estos casos se canaliza a la persona a la institución u organismo correspondiente.
Una vez que las personas exponen sus necesidades el personal de la Procuraduría está en condiciones de saber si el caso procede a iniciar un procedimiento de queja en contra de actos de autoridad, o la situación no resulta consultiva de violación a derechos humanos; en este supuesto se interviene para ayudar a las personas mediante gestiones entre instituciones o canalizaciones precisas.
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