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Participa PDHEG en Conversatorio sobre Migración y Movilidad de los Pueblos Indígenas
León, Gto
lunes 17 de agosto
[17/08/2020]
En el evento digital participaron entre otros, el Titular de la Secretaría del Migrante, Juan Hernández; la Coordinadora General de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, Isabel Margarita Nemecio; el Secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, Javier Rojas Benito y la capacitadora de la Coordinación de Educación de la PDHEG, Karina Paola Nieto López.
En su mensaje, Juan Hernández señaló que en Guanajuato se tiene registro de 96 comunidades indígenas, integradas por alrededor de 67 mil personas que corresponden a los pueblos Otomí y Chichimeca Jonás, principalmente.
Durante la intervención de Karina Paola Nieto López se abordó el tema relativo a la discriminación de las personas indígenas, situación que se acentúa cuando una misma persona forma parte de diversos grupos que la vuelven más vulnerable en su dignidad, como es el caso de mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.
Expuso la importancia de garantizar un trato humanitario a las personas indígenas así como incorporar la perspectiva de derechos humanos en la articulación de políticas públicas y programas enfocados a su atención.
Uno de los conferencistas invitados al foro, el Doctor Javier Rojas Benito habló acerca de las comunidades originarias que existen en el estado de Guerrero y la migración que existe de estos pueblos hacia otros estados, como es el caso de Guanajuato, para realizar actividades como jornaleros agrícolas principalmente y apuntó sobre los desafíos a los que se enfrentan.
En este mismo evento, la maestra Nemecio planteó la problemática que se ha presentado entre los migrantes que son jornaleros, relativa a la pandemia por COVID-19 y la necesidad de reconocer los derechos laborales de estas personas.
De acuerdo con los estudiosos del tema, cada año Guanajuato recibe alrededor de 3 mil jornaleros migrantes, provenientes en su mayoría de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Por ello, cobra una particular importancia generar una atención integral a este grupo, impulsando políticas públicas interestatales que comprendan la movilidad humana desde su origen hasta su destino y retorno, para garantizar una protección efectiva y una garantía en el ejercicio de sus derechos humanos.
En su mensaje, Juan Hernández señaló que en Guanajuato se tiene registro de 96 comunidades indígenas, integradas por alrededor de 67 mil personas que corresponden a los pueblos Otomí y Chichimeca Jonás, principalmente.
Durante la intervención de Karina Paola Nieto López se abordó el tema relativo a la discriminación de las personas indígenas, situación que se acentúa cuando una misma persona forma parte de diversos grupos que la vuelven más vulnerable en su dignidad, como es el caso de mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.
Expuso la importancia de garantizar un trato humanitario a las personas indígenas así como incorporar la perspectiva de derechos humanos en la articulación de políticas públicas y programas enfocados a su atención.
Uno de los conferencistas invitados al foro, el Doctor Javier Rojas Benito habló acerca de las comunidades originarias que existen en el estado de Guerrero y la migración que existe de estos pueblos hacia otros estados, como es el caso de Guanajuato, para realizar actividades como jornaleros agrícolas principalmente y apuntó sobre los desafíos a los que se enfrentan.
En este mismo evento, la maestra Nemecio planteó la problemática que se ha presentado entre los migrantes que son jornaleros, relativa a la pandemia por COVID-19 y la necesidad de reconocer los derechos laborales de estas personas.
De acuerdo con los estudiosos del tema, cada año Guanajuato recibe alrededor de 3 mil jornaleros migrantes, provenientes en su mayoría de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Por ello, cobra una particular importancia generar una atención integral a este grupo, impulsando políticas públicas interestatales que comprendan la movilidad humana desde su origen hasta su destino y retorno, para garantizar una protección efectiva y una garantía en el ejercicio de sus derechos humanos.
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