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Recomiendan formación y capacitación en derechos humanos a las áreas de seguridad para erradicar desaparición forzada
León, Gto
martes 01 de septiembre
[01/09/2020]
El experto de la ONU participó en el foro virtual que organizó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, junto con la académica y autora del libro “Derechos de las Víctimas de Trata de Personas, Tortura y Desaparición Forzada”, Doctora Roxana Rosas Fregoso, y el Ombusdsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba.
En su intervención, el Doctor Fabián Omar Salvioli consideró que está práctica que nació el siglo pasado en las dictaduras militares en América Latina sigue vigente, una vez que las naciones adoptaron nuevos sistemas de gobierno democráticos, pero la policía y los militares no.
Refirió la necesidad de tomar medidas preventivas para que este tipo de violación grave a los derechos humanos, en las que incurren las fuerzas armadas y de seguridad, ya no suceda en ningún país. Los responsables de la seguridad deben estar sujetos al marco de la ley en un régimen democrático y erradicar las prácticas como tortura, tratos degradantes y desapariciones forzadas, afirmó.
Las democracias no pueden ceder ante las fuerzas de seguridad que no actúan bajo los criterios de ley y de respeto a los derechos humanos, y para ello, resaltó la importancia de prevenir este tipo de delitos con una formación y capacitación que respete la dignidad humana.
Se debe tomar en serio la prevención de violaciones a derechos humanos para que las fuerzas de seguridad no atraviesen el límite que impone la Constitución y los tratados internacionales en esta materia, consideró.
Recordó que el sistema regional de derechos humanos ha revisado casos contra el Estado mexicano, en los que se acreditaron la desaparición forzada pese a que es una práctica que se prohíbe de manera expresa por ser un crimen de lesa humanidad. Inclusive hay sentencias contra México por no actuar con la debida diligencia como fue el caso del Campo Algodonero, referido a desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
El Relator Especial de la ONU también se refirió en su exposición a los estándares y protocolos que deben guiar el comportamiento de las instituciones del Estado para sancionar a quien comete este tipo de crimen y para la búsqueda de personas y atención a los familiares.
Una de las tareas pendientes, comentó, se refiere a establecer estos protocolos de búsqueda más eficientes, con perspectiva de derechos humanos con base a los estándares convencionales en la materia. El Estado está obligado a averiguar el destino de la persona y dar un trato digno a sus familiares, en la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia.
El Estado debe garantizar el derecho a la verdad para familiares de víctimas
En su intervención, la Doctora Roxana Rosas Fregoso hizo un recuento del sistema constitucional y convencional de derechos humanos en materia de desaparición forzada, así como los principales retos que enfrenta México para erradicar este delito.
Focalizó su ponencia en los derechos que tienen los familiares de víctimas de desaparición forzada en materia de acceso a la justicia, así como la violación múltiple relativa al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida y el derecho a la personalidad jurídica.
El derecho a la verdad es uno de los aspectos más relevantes del acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, así como la obligación del Estado de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con dicha obligación, relató.
Durante la exposición dijo que es necesaria una coordinación más efectiva entre autoridades federales y estatales para tener mejores resultados en el combate y erradicación de la desaparición forzada.
Aseguró que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no es posible aplicar ley de amnistía en casos relativos a esta materia y que tampoco prescribe este delito.
Se requieren mayores esfuerzos para erradicar la desaparición forzada
Finalmente, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, abordó la importancia del marco jurídico local en esta materia, tanto en la publicación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la creación del Sistema y la Comisión estatal.
Por otra parte, subrayó la importancia que tendrá el retiro de la reserva del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que permitirá reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar casos individuales.
A pesar de los avances normativos internacionales, jurisprudenciales y doctrinales, la desaparición forzada es un problema social complejo que requiere mayores esfuerzos para ser erradicada.
Los familiares de las víctimas viven en constante dolor, incertidumbre y angustia, lo que reclama una respuesta institucional que brinde justicia, verdad y reparación del daño.
En este contexto, reconoció el diálogo permanente de las autoridades con los colectivos, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas para avanzar en esta situación.
En este foro virtual participaron el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como representantes de las comisiones de derechos humanos de distintas entidades del país y de organizaciones no gubernamentales así como entidades gubernamentales municipales y estatales.
En su intervención, el Doctor Fabián Omar Salvioli consideró que está práctica que nació el siglo pasado en las dictaduras militares en América Latina sigue vigente, una vez que las naciones adoptaron nuevos sistemas de gobierno democráticos, pero la policía y los militares no.
Refirió la necesidad de tomar medidas preventivas para que este tipo de violación grave a los derechos humanos, en las que incurren las fuerzas armadas y de seguridad, ya no suceda en ningún país. Los responsables de la seguridad deben estar sujetos al marco de la ley en un régimen democrático y erradicar las prácticas como tortura, tratos degradantes y desapariciones forzadas, afirmó.
Las democracias no pueden ceder ante las fuerzas de seguridad que no actúan bajo los criterios de ley y de respeto a los derechos humanos, y para ello, resaltó la importancia de prevenir este tipo de delitos con una formación y capacitación que respete la dignidad humana.
Se debe tomar en serio la prevención de violaciones a derechos humanos para que las fuerzas de seguridad no atraviesen el límite que impone la Constitución y los tratados internacionales en esta materia, consideró.
Recordó que el sistema regional de derechos humanos ha revisado casos contra el Estado mexicano, en los que se acreditaron la desaparición forzada pese a que es una práctica que se prohíbe de manera expresa por ser un crimen de lesa humanidad. Inclusive hay sentencias contra México por no actuar con la debida diligencia como fue el caso del Campo Algodonero, referido a desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
El Relator Especial de la ONU también se refirió en su exposición a los estándares y protocolos que deben guiar el comportamiento de las instituciones del Estado para sancionar a quien comete este tipo de crimen y para la búsqueda de personas y atención a los familiares.
Una de las tareas pendientes, comentó, se refiere a establecer estos protocolos de búsqueda más eficientes, con perspectiva de derechos humanos con base a los estándares convencionales en la materia. El Estado está obligado a averiguar el destino de la persona y dar un trato digno a sus familiares, en la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia.
El Estado debe garantizar el derecho a la verdad para familiares de víctimas
En su intervención, la Doctora Roxana Rosas Fregoso hizo un recuento del sistema constitucional y convencional de derechos humanos en materia de desaparición forzada, así como los principales retos que enfrenta México para erradicar este delito.
Focalizó su ponencia en los derechos que tienen los familiares de víctimas de desaparición forzada en materia de acceso a la justicia, así como la violación múltiple relativa al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida y el derecho a la personalidad jurídica.
El derecho a la verdad es uno de los aspectos más relevantes del acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, así como la obligación del Estado de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con dicha obligación, relató.
Durante la exposición dijo que es necesaria una coordinación más efectiva entre autoridades federales y estatales para tener mejores resultados en el combate y erradicación de la desaparición forzada.
Aseguró que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no es posible aplicar ley de amnistía en casos relativos a esta materia y que tampoco prescribe este delito.
Se requieren mayores esfuerzos para erradicar la desaparición forzada
Finalmente, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, abordó la importancia del marco jurídico local en esta materia, tanto en la publicación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la creación del Sistema y la Comisión estatal.
Por otra parte, subrayó la importancia que tendrá el retiro de la reserva del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que permitirá reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar casos individuales.
A pesar de los avances normativos internacionales, jurisprudenciales y doctrinales, la desaparición forzada es un problema social complejo que requiere mayores esfuerzos para ser erradicada.
Los familiares de las víctimas viven en constante dolor, incertidumbre y angustia, lo que reclama una respuesta institucional que brinde justicia, verdad y reparación del daño.
En este contexto, reconoció el diálogo permanente de las autoridades con los colectivos, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas para avanzar en esta situación.
En este foro virtual participaron el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como representantes de las comisiones de derechos humanos de distintas entidades del país y de organizaciones no gubernamentales así como entidades gubernamentales municipales y estatales.
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