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Criterios Relevantes: Índice y Prologo


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Cuando H. L. A. Hart escribió en 1961 The Concept of Law, consolidó una corriente filosófica —proveniente de su maestro John L. Austin— que habría de marcar, en principio, su obra y, posteriormente, el análisis y la reflexión de todo el positivismo jurídico: la filosofía del lenguaje ordinario.


Con ello Hart reaccionaba decididamente frente a los intentos del empirismo lógico de construir un lenguaje especializado y verificable para cada ciencia, entre las que se encontraba el Derecho. Esta defensa vino a imprimir en la teoría del Derecho contemporánea un sello imborrable, que desde ese momento toma como premisa que la mejor manera de aclarar los problemas de la realidad es partir del estudio del lenguaje (jurídico) tal como lo habla habitualmente la gente. Los problemas relacionados con los derechos humanos han pasado también por esta influencia: el lenguaje más ordinario y común acerca de ellos se encuentra de manera más nítida en el ámbito del ombudsman que en el resto de los ambientes (académicos o jurisdiccionales).


En efecto, hoy tomamos casi como un tópico que la insuficiencia (e incluso inefectividad) de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia ha provocado el surgimiento de medios alternativos para conseguirla. Se habla, a veces, de auténticas alternativas al Derecho y, en otras de Derecho alternativo. Como sea que fuere, lo cierto es que en México la presencia de las comisiones o procuradurías de los derechos humanos han ocupado de manera legítima un espacio propio: en su mayoría se han erguido frente al ejercicio arbitrario del poder en casi todas sus manifestaciones como una pared visible y que, por lo menos, lo hace más difícil; asimismo, han significado para los ciudadanos un recurso al que es posible acudir en busca de apoyo, al que siguen acudiendo con base en los resultados obtenidos. La clave de muchas de estas soluciones tiene que ver, pues, con el lenguaje y, más aún, con el lenguaje ordinario de los derechos humanos.


En el caso del Estado de Guanajuato, se ha logrado aclarar una buena cantidad de problemas en los últimos años gracias al esfuerzo de los profesionales que forman parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad. Muchos de estos logros, creo, se deben a que se ha tenido la sensibilidad de la que hablaba Hart: se han presentado los problemas de la ciudadanía en su lenguaje natural y de ellos se ha extraído el célebre “punto de vista interno”, pero no tanto el del ciudadano, sino el que las autoridades debieron tener —y no tuvieron— a la hora de ejercer el poder.


De este modo, la Procuraduría ha sabido reconocer (y muchas veces reconducir) ese deber no cumplido, con lo que ha logrado traducir el lenguaje ordinario de las personas en un lenguaje normativo.


Muestra de toda esta tarea es el libro que el lector tiene en sus manos. Criterios Relevantes compila argumentos surgidos de casos reales que se han ventilado en la Procuraduría desde el año de 2001. En cada uno de los criterios es posible apreciar dos aspectos importantes: unos hechos y un razonamiento. Los hechos son protagonizados de manera destacada por autoridades estatales de diversa índole, mientras que los argumentos constituyen una valoración de los primeros desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Los hechos no quedan descritos propiamente, sino que se deducen del criterio; los argumentos, por su parte, se explicitan a manera de argumentos interpretativos.


Si uno se pregunta para qué sirve esta obra, la respuesta podría orientarse tomando en cuenta lo que acabo de señalar: por un lado, ayuda a mostrar —descriptivamente— un fragmento de la realidad en materia de violaciones a los derechos humanos de los guanajuatenses, y por otro, permite conocer las prescripciones que el ombudsman local ha tenido a bien formular para intentar corregir esas conductas.


Desde mi punto de vista, el efecto de la obra, sin pretensiones de exhaustividad analítica, puede ser de diversos tipos: 1) pedagógico-preventivo, en tanto puede coadyuvar al desarrollo de una cultura de los derechos tanto entre las autoridades como entre los ciudadanos; muchas de estas conductas representan vivencias cotidianas que mucha gente —incluidas las autoridades— no imagina que constituyen violaciones a los derechos humanos; 2) de alarma social, pues algunas de estas conductas bien se sabe que son atentados contra los derechos, pero son ignoradas por las autoridades, por lo que la opinión de la Procuraduría de los Derechos Humanos puede llegar a motivar a las personas a alzar la voz mediante denuncias u otro tipo de acciones; 3) académico, puesto que los criterios pueden ser utilizados en la investigación y en la enseñanza del Derecho como ejemplos reales, cotidianos y, sobre todo, domésticos; 4) estadístico, ya que representa una suerte de bitácora de las conductas de las autoridades y de la respuesta que desde la Procuraduría se gesta; y 5) orientador-sistematizador, puesto que facilitará la consolidación institucional, al dotar de líneas de argumentación a los funcionarios de la Procuraduría —actuales y futuros—, con lo cual ganará la consistencia y la universalización de las recomendaciones.


La forma en la que se concibió este proyecto tiene mucho que ver con un elemento propio de la cultura jurídica mexicana: la abstracción de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales mediante lo que se conoce como “tesis de jurisprudencia o aisladas”. Digo que es propio porque, hasta lo que sé, ningún país del mundo maneja un sistema de compilación de criterios judiciales como el mexicano; en otros países la jurisprudencia es, sin más, el cúmulo de sentencias, aunque en algunos casos, como el colombiano, existen sistemas de crónicas algo similares. La virtud del método mexicano tiene que ver, sobre todo, con la localización de los criterios. Sin embargo, se carece de un método eficiente de clasificación, ya sea por temas, materias o algún otro.


En el presente caso, la obra intenta cubrir precisamente esta necesidad: el lector cuenta, en primer lugar, con un glosario —elemento útil, especialmente para legos—; también cuenta con cuatro grandes apartados temáticos, los tres primeros referidos a las célebres generaciones de derechos humanos, (la más conocida —aunque no la mejor— clasificación): I) derechos civiles y políticos; II) derechos sociales y culturales; III) derechos colectivos o de solidaridad; y IV) seguridad pública y derechos humanos. De este modo, el lector cuenta con facilitadores de búsqueda que, además, están enriquecidos mediante sub-apartados relacionados con derechos fundamentales concretos: libertad, igualdad, seguridad, educación, salud, etcétera.


Pero más allá de los aspectos clasificatorios, cada criterio está estructurado mediante un enunciado descriptor del derecho violado; luego viene el resumen a modo de tesis con su rubro y contenido; enseguida, aparece el marco normativo aplicable —lo cual puede incluso operar como una especie de fundamentación—; se muestran, además, los datos del expediente del que surge el criterio (número de queja y año); y termina con la enunciación de diversos instrumentos declarativos, esto es, sin fuerza normativa en sentido formal, que muestran el complemento de los criterios mediante diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros instrumentos relacionados.


De este modo la obra rebasa lo que podría ser un esfuerzo meramente compilatorio y hace justicia, según creo, a pretensiones más amplias.


Es importante destacar la gran labor del ombudsman del Estado, el Dr. Manuel Vidáurri Aréchiga, quien ha sabido liderar a su grupo de colaboradores, despertando en ellos la osadía de luchar contra la arbitrariedad mediante un trabajo cotidiano del que han derivado los insumos necesarios para consolidar estos criterios. En una empresa como ésta, debe quererse el mismo objetivo, si es que se desea abrir camino; de otro modo es mejor callar.


Roberto Lara Chagoyán
Ciudad de México, diciembre de 2007