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Concluyen Diplomado “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema de Justicia” Imprimir
IRAPUATO, GTO., 12 DE AGOSTO DE 2017
 

Un grupo de 31 funcionarios estatales adscritos a la Dirección General de Defensoría Pública del Estado concluyeron el Diplomado “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema de Justicia”, impartido por el Centro Estatal de la PDHEG. 

El Ombudsman José Raúl Montero de Alba entregó reconocimientos a defensores públicos especializados y asistentes jurídicos, así como a investigadores de defensa y peritos, que acreditaron el cumplimiento de las 120 horas de estudio que aportó la preparación.

En un acto celebrado en la sede del Centro Estatal de la Procuraduría, el titular del Organismo consideró de gran valía los conocimientos expuestos en esta capacitación, por tratarse de un tema de actualidad en la materia de protección y que permitirá abordar los derechos humanos y el nuevo sistema acusatorio penal de justicia juvenil.

“Este evento es  de gran relevancia no solo por el alto impacto que los derechos humanos tienen en la actividad de justicia penal para adolescentes, sino porque es éste el resultado de la preocupación mutua tanto del Organismo defensor de Derechos Humanos que tengo el honor de encabezar como de la Defensoría Pública, quienes desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, buscamos el continuo perfeccionamiento y mejoramiento de nuestras capacidades en beneficio de la sociedad a quienes nos debemos”, expresó Montero de Alba.

Durante la entrega de constancias de diplomas, también estuvieron presentes el Director General de Defensoría Pública, Galo Carrillo Villalpando, así como también la Coordinadora de la Defensoría de Oficio Especializada para Adolescentes, Lorena Saucedo Pérez, Coordinadora de la Defensoría de Oficio Especializada para Adolescentes, y la Coordinadora del Centro Estatal de Derechos Humanos, Laura Díaz Infante. 

El Diplomado se diseñó para proporcionar herramientas a los operadores del sistema, que incentivaron la reflexión, la discusión y la práctica de los derechos humanos, en las diversas esferas del sistema de justicia para adolescentes.

El programa incluyó dos módulos con diversos temas que, en su conjunto, ofrecieron un panorama diverso de perspectivas y de disciplinas para afrontar los derechos humanos y el nuevo sistema acusatorio penal de justicia juvenil, entre los que destacan: la Dogmática Jurídica de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, la Aplicación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos por los Jueces Nacionales y otros Operadores Jurídicos; así  como también la  Estructura y Funcionamiento de la PDHEG, además de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los Principios Generales del Procedimiento Penal para Adolescentes, los Derechos y deberes del Adolescente en el Procedimiento Penal, la Ejecución en la Justicia Penal para Adolescentes y la Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reclamando la invalidez de determinados preceptos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre otros. 

El Procurador consideró que este tipo de capacitaciones constituyen, un insumo trascendental para atender una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que son las niñas, los niños y los adolescentes.

“Es fundamental desarrollar un sistema que ofrezca a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito, y desde mi punto de vista, lo más importante, encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva, y de esta forma lograr una verdadera reinserción social”, recalcó. 

El diplomado comenzó el 2 de junio y concluyó el sábado 12 de agosto, para lo cual contó con la participación de diversos ponentes de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado como el Lic. Ricardo Vázquez Arredondo y el Lic. Francisco Javier González Córdova; además se contó con las exposiciones de destacados Doctores en Derecho con amplia expertis en la materia como  el Dr. Javier Carrasco Solís, quien se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal; la Dra. Alicia Beatriz Azzolini Bincas, profesora investigadora titular del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana; y así también, la Dra. Sara Patricia Orea Ocho, quien actualmente  funge como Magistrada Especializada en Justicia para Adolescentes. 

Otros de los temas fueron expuestos por personal especializado de la PDHEG.

“Agradezco al Procurador y a su equipo de trabajo por materializar esta capacitación, que fortalecerá los conocimientos y la ejecución del sistema por parte de los defensores públicos, en un tema tan sensible como es la aplicación de la justicia entre la niñez y la adolescencia. La Defensoría Pública es reconocida y cuenta con la confianza de la sociedad, es por ello que debemos de estar en constante capacitación”, afirmó Carrillo Villalpando.  

Montero de Alba, explicó además que en el año 2005 se implementó una reforma que creó un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño, denominados Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Como consecuencia de dicha reforma, las entidades federativas y la Ciudad de México tenían la obligación de crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local.

A través de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se pretendía que los adolescentes acusados de algún delito tuvieran acceso a un juicio justo en el que se respetaran sus derechos fundamentales. Sin embargo, años después de su aprobación existen numerosos retos para la adecuada implementación de un Sistema Penal de Justicia para Adolescentes. 

Por ello, el 3 de junio del año 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de los artículos 18 y 73 que facultan al Congreso para expedir una ley nacional sobre justicia para adolescentes.

“La profesionalización ayudará a generar de manera simultánea una mejora sustantiva en la imagen que el jurista tiene frente a la sociedad, a partir del conocimiento del quehacer jurídico que implica profundizar en el estudio periódico de las ciencias sociales que nos ayuden a fortalecer nuestro perfil profesional como aplicadores del Derecho. En esta lógica, estoy convencido que los conocimientos adquiridos, fruto de un largo y prolongado esfuerzo de trabajo, no sólo pueden redundar en un beneficio directo para su persona, sino para toda la sociedad en general”, aseguró el Ombudsman. 

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