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Guanajuato, Guanajuato a 12 de abril de 2018

Comunicado de Prensa 02-2018

02/18 

 

•Hace lo propio con los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial.

 

Guanajuato, Guanajuato, a 12 de abril de 2018.-  El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, entregó el XXIV Informe de Actividades del organismo, correspondiente al ejercicio 2017, al Presidente del Congreso del Estado, diputado Luis Vargas Gutiérrez.

Ante integrantes de la LXIII legislatura, explicó los principales avances obtenidos en materia de protección y defensa de los derechos humanos así como los retos que se tienen para robustecer el trabajo de las autoridades municipales y estatales a fin de garantizar el derecho a dignidad, la libertad y la seguridad de los guanajuatenses.

En cumplimiento con el mandato de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado, que ordena la elaboración de un informe de actividades del organismo y de la situación que guardan los derechos humanos en Guanajuato, el Ombudsman subrayó que a casi 25 años de la PDHEG, hoy se dispone de mecanismos legales que procuran una vida libre de violencia para las mujeres; que garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que permiten la inclusión de personas con alguna discapacidad.

Además existen instrumentos que previenen y buscan erradicar la trata de personas y que protegen a los defensores de derechos humanos y periodistas; pueblos y comunidades indígenas y migrantes entre otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado informó que en 2017 se iniciaron mil 62 expedientes de queja y se emitieron 538 recomendaciones a servidores públicos municipales y estatales, de las cuales destacó su nivel de aceptación cercano al 98%. 

Hizo referencia a la firma de acuerdos de colaboración que se han concretado en 29 municipios de la entidad y el compromiso de formalizar estas alianzas  con todos los ayuntamientos. 

Además hay un trabajo cercano con la Red Interinstitucional de Derechos Humanos donde participan 326 organizaciones de la sociedad civil. Una de las mayores fortalezas del organismo es la confianza de las personas que acuden cuando se vulneran sus derechos y la suma de voluntades de quienes tienen la convicción de trabajar a favor del respeto a la dignidad de las personas. 

Montero de Alba dijo que la Procuraduría actúa de forma determinante, imparcial, autónoma, apegada a sus principios y propósitos fundamentales en la tarea de defender a las personas de los actos y agravios cometidos  por las autoridades, independientemente de los rangos y cargos de quienes han sido señalados en las recomendaciones que se han emitido.

También detalló las medidas que se han realizado al interior del organismo para mejorar los procesos y servicios con base al enfoque de presupuesto basado en resultados, en un ejercicio de mejora continua, así como la obtención de la constancia de cumplimiento, al haber solventado las observaciones a la auditoría al desempeño que realizó la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2016.

En su mensaje, hizo un reconocimiento público a la apertura y disposición al diálogo que ha mostrado en todo momento los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. 

Agradeció también la presencia de quienes compartieron el momento de la entrega del documento, entre ellos, las legisladoras Luz Elena Govea López, María del Sagrario Villegas Grimaldo, Beatriz Manrique Guevara, Irma Leticia González Sánchez y los legisladores Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, Guillermo Aguirre Fonseca, Juan José Álvarez Brunel, Juan Carlos Muñoz Márquez, Rigoberto Paredes Villagómez y Alejandro Trejo Ávila.

En el Congreso comentó  que la Procuraduría estará atenta al seguimiento de la agenda legislativa relacionada con la defensa y protección de los derechos humanos a fin de enriquecer el marco legal en la materia.

De igual forma, José Raúl Montero acudió a Palacio de Gobierno donde fue recibido por el Titular del Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez. 

En el encuentro, el Procurador compartió  información relevante sobre resultados del  trabajo conjunto  que sea tenido  con instancias gubernamentales. 

Y destacó la disposición para aceptar en su totalidad, las 237 Recomendaciones que emitió la Procuraduría a servidores públicos del Estado. 

Así mismo hizo referencia a la disminución de casi un 16 % en los señalamientos en contra de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que en 2016 tuvo 94 quejas frente a 79 registradas en 2017. 

Con respecto a la Procuraduría General de Justicia del Estado disminuyó  un 19.35 % el índice de recomendaciones al pasar de 62 casos en 2016 a 50 el año pasado. 

Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Salud del Estado que tuvo 43.55% menos recomendaciones en 2017, cuando recibió 35 frente a 62 que obtuvo en 2016.

Por otro lado, el Procurador destacó la sinergia con la Secretaría de Educación para llevar el Programa de “Jornadas por la Convivencia la Paz” a diferentes planteles de las ocho delegaciones, de tal suerte que hasta el 2017, 33 secundarias y bachilleratos tenían el reconocimiento de “Escuela Libre de Violencia”

Con ese programa fue posible sumar más de 33 mil promotores de paz entre alumnos, docentes y padres de familia. 

El ejercicio de compartir los resultados, se replicó en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dónde estuvo la Magistrada Presidenta Claudia Barrera Rangel. 

En ese momento estuvieron también algunos consejeros, secretarios y magistrados del organismo. 

Montero de Alba resaltó la labor complementaria que se logra entre el Poder judicial y la oficina del Ombudsman para favorecer el respeto y la procuración de justicia  de la ciudadanía. 

Agregó que uno de los retos  será fortalecer los mecanismos, para hacer más efectivo el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la autoridad estatal y municipal en materia de derechos humanos. 

Entre algunos de los resultados que compartió en el Poder Judicial fue la capacitación a más de 77 mil personas y el inició de la segunda generación del Master Propio en Derechos Humanos, impartido en coordinación con la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, España. 

Al finalizar resaltó el deber de quienes tienen un cargo público  para apegarse a un marco legal y garantizar el goce pleno de los derechos de todas y todos.

 

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