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Guanajuato, Guanajuato a 5 de julio de 2017

Comunicado de Prensa 06-2017

 

PDHEG realiza aportaciones para la construcción de una ley vanguardista en materia de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato

06/17

 

El Ombudsman pone a disposición de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, insumos de Estándares Internacionales para la conformación de una legislación de avanzada.

 

Guanajuato, Gto., a 5 de julio de 2017.- El Ombudsman José Raúl Montero de Alba, entregó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, una serie de insumos de criterios jurídicos y Estándares Internacionales para sumar a las mesas de trabajo, en las que se analizará la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato.

El propósito de este encuentro, fue compartir elementos esenciales que desde la perspectiva del Organismo, se estiman pertinentes como fuentes de consulta en el ejercicio de análisis previsto por el Congreso del Estado para la construcción de la legislación en la materia. 

El Procurador recalcó la necesidad de construir una Ley de vanguardia que constituya un referente a nivel nacional.

“Este encuentro, representa la suma de voluntades del Poder Legislativo y del Organismo que me honro en presidir, para robustecer el andamiaje jurídico que despliegue un amplio espectro de salvaguarda en tareas trascendentales en la vida de una democracia y de las libertades fundamentales” señaló. 

En la reunión, el Ombudsman entregó a la Diputada Irma Leticia González Sánchez, Presidenta de la Comisión, tres carpetas que hacen referencia a distintos casos emblemáticos que han sido analizados acorde al estándar internacional en estas temáticas. 

“Deseo y tengo la convicción que esta suma de esfuerzos nos permita contar con una ley progresista para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato”, aseguró el Procurador. 

Afirmó, que el material se integró con el ánimo de construir y de sumar las capacidades técnicas y humanas, de análisis y estudio para formular un efectivo dispositivo de protección tanto a comunicadores como a quienes realizan una actividad de defensa de derechos humanos. 

En la misma reunión, el Procurador abordó tres aspectos de suma importancia para el análisis de esta disposición: 

 

El Estándar Internacional sobre Protección de Periodistas 

En esta apartado, se reitera la obligación del Estado para prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de algún acto u omisión violatoria de la libertad de expresión. 

En la parte de la prevención se mencionó la necesidad de que el ordenamiento jurídico sancione la violencia contra periodistas de  manera proporcionada al daño cometido. 

En cuanto a la obligación de proteger, se expuso que los programas y mecanismos deben garantizar a los comunicadores la continuidad del ejercicio de su actividad periodística y atender las necesidades específicas  de su profesión, teniendo en consideración las circunstancias de cada caso. 

Con respecto a la acción de investigar, juzgar y sancionar penalmente, se resaltó la necesidad de asignar esta tarea a quienes estén en mejores condiciones para resolverlos y que cuenten con autonomía e independencia para actuar. 

En el documento, se hizo mención especial a la violencia contra mujeres periodistas y a la protección de periodistas en línea, pues la obligación de prevenir, proteger e investigar no solo es con respecto a comunicadores que ejercen su oficio en medios tradicionales, sino también a quienes publican en diferentes plataformas de internet. 

 

En el segundo componente, detalló el Estándar Internacional sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.

En este rubro, Montero de Alba, resaltó las obligaciones del Estado frente a la violencia contra personas defensoras de derechos humanos; y refirió la Recomendación General 25/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Iniciativa de la Ley General de Protección y la legislación estatal en la materia.

 

En tercer lugar, expuso un cuadro comparativo de las leyes estatales, que hacen referencia a los avances en cada entidad federativa. 

 

Entre la documentación que se dejó a disposición, se encuentran algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refiere a casos emblemáticos como lo son: 

 

Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile.

Caso Ivcher Bronstein vs. Perú

Caso Ricardo Canese vs. Paraguay

Caso Palamara Iribarne vs. Chile

Caso Kimel vs. Argentina

Caso Tristán Donoso vs. Panamá

Caso Ríos y otros vs. Venezuela

Caso Perozo y otros vs. Venezuela

Caso Usón Ramírez vs. Venezuela

Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil

Caso Fontevecchia D'Amico vs. Argentina

Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia.   

 

Así mismo, se entregó el documento que contiene el Marco Jurídico sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. 

También, se añadió el Marco Jurídico sobre reparaciones  por la Violación de la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Las sentencias de acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las Recomendaciones generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las tres iniciativas de Reforma Constitucional a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos y de la ley general de la materia que actualmente se encuentran en estudio en el Congreso de la Unión. 

En la reunión, estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, la Diputada Irma Leticia González Sánchez, como Presidenta de la misma; así también el Diputado Guillermo Aguirre, en su calidad de Secretario; así como las Diputadas María del Sagrario Villegas Grimaldo,  Araceli Medina Sánchez, y Luz Elena Govea López, quienes fungen como Vocales de la Comisión. 

Además, se integraron a la reunión, las Diputadas Angélica Casillas Martínez, Beatriz Manrique Guevara y el Diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, invitado permanente.  

El Procurador les agradeció  la oportunidad para realizar las aportaciones y sumar esfuerzos en la elaboración de un andamiaje jurídico progresista, que garantice el respeto y el libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos fundamentales, elementos trascendentales para la consolidación democrática. 

 

 

 

 

 

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